El Supremo rechaza la suspensión cautelar de la LOMCE

El Tribunal Supremo ha rechazado la suspensión cautelar de la LOMCE el próximo curso 2014-2015, tal y como pedían Andalucía y Cataluña. Ambas comunidades tendrán que asumir las costas del proceso.

Tal y como publica lainformacion.com citando a Europa Press y el diario El País, la Junta de Andalucía pedía la paralización del Real Decreto que regula el currículo básico de Educación Primaria, que comienza a implantarse en septiembre en los cursos impares (1º, 3º y 5º), además del que se refiere a la Formación Profesional Básica (FP Básica), que sustituye a los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI). La Generalitat de Cataluña pedía por su parte la suspensión cautelar del segundo decreto.

Según el fallo judicial la Junta de Andalucía alegaba contra la norma que desarrolla el currículo de Primaria el “escaso margen” de tiempo entre su aprobación y la pretendida puesta en marcha, que, a juicio de esta administración, hace “inviable” la planificación del curso escolar.

Además, el gobierno andaluz alertaba de la posible “vulneración” del artículo 27 de la Constitución Española, sobre el derecho de libre elección de centro, y del artículo 84 de la Ley Orgánica de Educación, al indicar que “la oferta educativa no ha podido ser conocida por los padres”.

El Supremo argumenta en contra de la suspensión cautelar que ha sido el propio legislador el que de manera “tajante” ha señalado el calendario a seguir en la implantación de las modificaciones en Primaria, a pesar de que “la premura de los tiempos” puedan ocasionar “problemas” a la administración demandante.

En cuanto al Real Decreto sobre Formación Profesional, el Gobierno andaluz señalaba en su recurso de los “gravísimos daños” que, a su entender, provocaría la aplicación de este nuevo ciclo formativo que sustituye a los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) este curso 2014-2015.

Para el Ejecutivo andaluz, estos “daños” se concretan en la imposibilidad de que 10.000 alumnos cursen estos programas de FP, unos 500 docentes tengan que ser reubicados o despedidos, otros 500 centros requieran nuevos equipamientos, las editoriales sufran pérdidas por los cambios de materiales, o que las dos primeras promociones de FP Básica no obtengan el título de ESO hasta el curso 2017-2018.

El tribunal argumenta que la LOMCE es “literalmente idéntica” al real decreto impugnado, de manera que si accediera a suspender cautelarmente este último, tendría que inaplicarse una norma con rango de ley, algo que “queda fuera de la potestad de esta sala”.

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