Empresas que presentaron ERE contratan hoy presidiarios a menor coste

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"Empresas que presentaron ERE contratan hoy presidiarios a menor coste"

El grupo parlamentario de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) denuncia el hecho de que varias empresas que han ejecutado expedientes de regulación de empleo (ERE) están contratando presidiarios a un menor coste para sustituir a los trabajadores despedidos, y exige que se prohíba esta práctica.

En una proposición no de ley que se debatirá en la Comisión de Interior del Congreso, que recoge Europa Press y de la que se hace eco el portal nuevatribuna.es, la coalición analiza los efectos que están teniendo los convenios entre empresas privadas e Instituciones Penitenciarias en materia de política de reinserción laboral y acceso al mercado laboral.

Un programa en el que participaban más de 3.100 reclusos en 2012 y que “se ha convertido en algunos casos en un negocio lucrativo” -5 millones de beneficio y 162 millones de venta ese año-, según denuncia IU-ICV, ya que “trabajar con prisioneros ahorra costes y de ello se benefician las empresas que han acometido despidos recientemente”.

Uno de los casos que ilustran como ejemplo la denuncia del grupo parlamentario, es el de la multinacional de piezas para autolavados de vehículos Istobal que tiene a catorce internos de la Prisión de Picassent montando complementos (alfombrillas, aspiradores o pequeñas máquinas) de 9 a 13.30 horas de lunes a viernes y algunos sábados por entre 300 y 350 euros mensuales (unos tres euros por hora).

De esta manera, la empresa se ahorra la luz, en agua, en teléfono “e incluso parte de las cuotas de la Seguridad Social, que corren por cuenta de la Administración”, a pesar de que en 2013 ejecutó un ERE a 27 trabajadores tras haber despedido a otro medio centenar dos años antes.

“Según la empresa, gracias a esta medida se ha vuelto a ser competitivo y rentable, y no se ha cerrado la línea de producción, lo que hubiera supuesto una pérdida superior de puestos de trabajo. Y desmiente, al tiempo, el salario que se aporta a los presos, indicando que es más del doble de los tres euros”, precisa la Izquierda Plural.

No se trata de la única empresa que ha despedido trabajadores antes de firmar un convenio con Instituciones Penitenciarias. Así, entre 50 y 60 trabajadores de la multinacional alemana Merak, con factoría en Getafe, trabajan cada día con los presos de Ocaña I y II (Toledo) en el ensamblaje de aparatos de aire acondicionado para trenes, a pesar de que dicha empresa despidió en 2009 a 73 de sus 450 trabajadores en España.

Por todo ello, IU-ICV-CHA exige al Gobierno del PP que “adopte las medidas oportunas para que las empresas que hayan presentado y ejecutado expedientes de regulación de empleo y/o despedido a trabajadores no puedan alcanzar un convenio con Instituciones Penitenciarias de forma que ni puedan utilizar infraestructuras penitenciarias ni a internos para el desarrollo de su actividad productiva”.

Fuente: nuevatribuna.es

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